A punto de completarse, la propuesta actual limita de forma total en la práctica el seguimiento de las imágenes de abuso sexual a menores de edad por parte de las empresas tecnológicas y, en consecuencia, la persecución de pederastas y pedófilos, así como de quienes se lucran produciendo o traficando con este tipo de imágenes.
En las últimas semanas, se ha venido tramitando a nivel UE el Reglamento de ePrivacy, para regular la privacidad en el ámbito de las comunicaciones electrónicas. En su formulación actual, únicamente permite el tratamiento de datos y metadatos con el consentimiento del “end user” (receptor del mensaje). Sin embargo, el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) contempla algunas excepciones a este consentimiento, como es el caso de que este tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación, responda a un interés público o atienda un interés vital del interesado. El Reglamento de ePrivacy que actualmente, a principios de noviembre, se encuentra sobre la mesa y en puertas de aprobación obvia estas posibilidades.
Lesionado el Interés Superior de la infancia
Es posible que esta limitación atienda a otros intereses o tenga una determinada función. Sin embargo, posee una importantísima limitación, cual es impedir que las compañías tecnológicas puedan hacer un tracking de imágenes de abuso sexual de niñas y niños. Resulta obvio que el receptor del mensaje, por resultar esta actividad un delito grave, no daría su consentimiento en ningún caso.
Son diversas las voces de organizaciones de protección de la infancia que se han alzado ante esta situación, como es el caso de Children’s Charities’ Coalition on Internet Safety tal como refleja en The Telegraph y a la que se ha sumado la IWF (Internet Watch Foundation) que propone a su vez medidas alternativas.
Hay que recordar que el principio del Interés Superior del Niño (también conocido como del menor) exige que, antes de tomar una medida que afecte a este colectivo, debe prevalecer el criterio que promueva y proteja sus derechos. Se trata de un derecho, de un principio y de una norma de procedimiento recogido en diversos tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño.