La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado un balance de las principales acciones puestas en marcha en los últimos años para la protección de la infancia y adolescencia en el entorno digital, entre las que se incluye un nuevo informe que explica cómo la exposición prolongada a patrones adictivos y engañosos puede ser perjudicial para la salud, y en especial, para los usuarios y usuarias más jóvenes.
Mar España, directora de la AEPD el acto ‘Cinco años de responsabilidad social’ Foto: @AEPD_es
El 16 de diciembre de 2024, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el acto ‘Cinco años de responsabilidad social’ presentó el balance de las principales acciones puestas en marcha por la AEPD en los últimos años para la protección de la infancia y adolescencia en el entorno digital, marcando un hito en los esfuerzos para salvaguardar los derechos de los más jóvenes en un contexto digital cada vez más complejo.
La directora de la AEPD, Mar España, subrayó la importancia de adoptar medidas proactivas para garantizar un futuro seguro y saludable para la infancia y adolescencia en el ámbito digital.
Un futuro en juego: la importancia de las decisiones
En su intervención, Mar España resaltó que las decisiones adoptadas hoy por familias, instituciones y la industria serán cruciales para moldear el futuro y los valores de la sociedad. Bajo esta premisa, destacó la necesidad de implementar políticas de privacidad desde el diseño y por defecto, alineadas con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Según España, estas medidas son esenciales para abordar problemas de salud pública como el deterioro de la salud mental, las dificultades en el neurodesarrollo y la creciente pérdida de empatía entre los jóvenes.
“Si se adoptan las políticas de responsabilidad proactiva que recoge el RGPD, podemos invertir esta curva ascendente de empeoramiento”, enfatizó la directora, dejando claro que el bienestar digital de los menores debe ser una prioridad compartida.
Avances clave: de la teoría a la acción
Durante su discurso, Mar España presentó un balance de los avances liderados por la AEPD en los últimos años. Uno de los más destacados es el éxito del Canal prioritario, una herramienta creada en 2019 para la retirada urgente de contenidos sensibles. la Agencia ha logrado la retirada de contenidos sensibles en un plazo de 72 horas, con una efectividad del 100% en 2023, este mecanismo ha demostrado ser una solución tangible frente a los riesgos digitales.
Además, Mar destacó la creación en 2019 del grupo de trabajo “Menores, salud digital y privacidad” (.pdf), que ha contribuido al desarrollo de un Anteproyecto de Ley Orgánica para proteger a los menores en entornos digitales. Entre sus propuestas más relevantes se encuentra elevar de 14 a 16 años la edad mínima para que los menores puedan consentir el tratamiento de sus datos personales, reforzando así el papel de las familias en la supervisión del uso de tecnologías por parte de los adolescentes.
Durante el evento ha señalado que a la Agencia están llegando reclamaciones tan rocambolescas que hace años hubiesen sido capaces de imaginar. Por ejemplo, la relacionada con el caso Almendralejo donde el Juzgado de Menores de Badajoz decretó libertad vigilada durante 1 año para 15 menores. Les consideró responsables de 20 delitos de pornografía infantil y otros tantos contra la integridad moral. Manipularon imágenes de al menos 20 niñas con inteligencia artificial para mostrarlas desnudas y difundirlas por dos grupos de WhatsApp.
En este contexto, también mencionó al Informe de personas expertas para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia, en el que la Agencia ha participado, que contiene 107 medidas a corto, medio y largo plazo entre las que se incluyen recomendaciones de acceso a la tecnología por edades, configuración por defecto de espacios digitales seguros y refuerzo de las herramientas de verificación de edad, entre otras.
Retos y responsabilidades compartidas
En su intervención, Mar España también hizo un llamado a la industria tecnológica, instándola a comprometerse con la protección de la infancia mediante la implementación de herramientas de verificación de edad y configuraciones por defecto seguras. Resaltó iniciativas como el Decálogo de principios para la protección de la infancia (.pdf), presentado a finales de 2023, que demuestra que es posible crear espacios digitales más seguros si existe voluntad por parte de los actores tecnológicos.
No quiso pasar por alto datos alarmantes que han revelado que la edad media del primer teléfono son los 11 años. Además, la media de consultar el teléfono de forma involuntaria es de 146 veces al día; el 78 % de los adolescentes consume porno duro y que, según datos de la Fiscalía, las agresiones sexuales han aumentado en un 116 % asociadas al visionado de esa pornografía violenta.
La directora no se limitó a señalar los retos; también reconoció el papel crucial de las familias y los medios de comunicación en la sensibilización sobre los riesgos digitales. Campañas como «No a la barra libre digital» y «Hay más riesgos en internet que en la vida real» han sido ejemplos exitosos de cómo promover un uso responsable de la tecnología.
Mesa redonda del acto «Cinco años de responsabilidad social»
Mesa redonda dedicada a la protección de los y las menores en el mundo online
El evento, que concluyó con una mesa redonda, moderada por Luis de Salvador, director de la División de Innovación Tecnológica de la AEPD. Contó con la participación de María Salmerón, pediatra y coordinadora del grupo de salud digital de la Asociación Española de Pediatría, destacó el valor del Plan Digital Familiar de la AEP para mitigar los riesgos de las pantallas en la salud infantil, comprometida a actualizarlo con nuevas evidencias científicas.
José Antonio Luengo, decano del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, instó a reflexionar y regular políticas preventivas para promover usos saludables de la tecnología, señalando el papel central de la escuela. “Parar máquinas, detenerse y reflexionar”, así como “regular y modificar parámetros de intervención en políticas de prevención de riesgos y promoción de usos saludables”, destacando el “relevante papel que tiene la escuela en estos procesos”.
Nacho Guadix, de UNICEF España, subrayó la necesidad de rediseñar el entorno digital para garantizar los derechos de la infancia y prepararlos como ciudadanos digitales responsables. “Es momento de reconducir todo lo que les daña, de garantizar también sus derechos en un entorno digital protector y de prepararlos con solidez para que puedan ejercer en él su ciudadanía y contribuir al desarrollo de sociedades más justas”.
Finalmente, María Gijón, presidenta de la Asociación Adolescencia Libre de móviles Madrid (ALMMA), enfatizó la importancia de los pactos familiares para retrasar el uso del smartphone y pidió mayor apoyo institucional para proteger a los menores frente a los riesgos digitales.
Reflexiones finales: un compromiso colectivo
El secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, clausuló el acto, abogando por trabajar para que los entornos digitales sean “espacios seguros donde niños, niñas y adolescentes vean garantizados sus derechos” y no permitir que esos entornos “estén al servicio de los intereses de las grandes empresas”. Por ello, recalcó que “seguiremos trabajando con las Comunidades Autónomas, sociedad civil e instituciones como la AEPD para impulsar este cambio de paradigma”.
En palabras de Mar España, “Las decisiones que tomemos desde las familias, los gobiernos y la industria decantarán el futuro y los valores de nuestra sociedad”. Este mensaje, cargado de urgencia y esperanza, encapsula la esencia de una jornada que no solo celebró los logros alcanzados, sino que también llamó a redoblar esfuerzos en la protección de los más vulnerables frente a los desafíos del entorno digital.
Con este enfoque multidisciplinario y una clara orientación hacia el futuro, la AEPD, liderada por Mar España, reafirma su compromiso con la infancia y adolescencia, garantizando que las generaciones venideras puedan desarrollarse en un entorno digital que respete y promueva sus derechos.
